Ordenanza
Starter Section
Visto:
Que este año se cumple el vigésimo quinto aniversario de la reapertura institucional en el país que tuvo su histórica jornada el 30 de octubre de 1983 y que culminara el 10 de diciembre del mismo año con la asunción del gobierno constitucional del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín; y,
Considerando:
Que el Dr. Raúl Ricardo Alfonsín fue el hombre que encabezó el camino de la recuperación democrática. Así lo sintió la mayoría del pueblo en las elecciones que siguieron a la atroz dictadura. Más allá de los diferencias, ese liderazgo es reconocido en el pensamiento democrático nacional e internacional, y muestras de ello son los reconocimientos de similar o mayor envergadura que éste, que el ex Presidente está recibiendo por parte de todas las legislaturas y gobiernos locales, provinciales y ahora hasta del propio Gobierno Nacional.
Que Alfonsín es hijo de un reconocido comerciante minorista radicado en Chascomús, una pequeña ciudad de entorno agrícola-ganadero a 120 kilómetros de Buenos Aires. Su abuelo era un inmigrante gallego republicano. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Normal Regional de Chascomús, y los estudios secundarios en el Liceo Militar General San Martín, de donde egresó con el grado de subteniente de reserva. Tuvo como compañeros de clase a Leopoldo Fortunato Galtieri y Jorge Rafael Videla. Estudió Ciencias Jurídicas en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, recibiéndose de abogado en 1950.
Que en 1950 comenzó su actuación política en el Movimiento de Intransigencia y Renovación de la Unión Cívica Radical, en Chascomús, donde participó de la fundación del diario “El Imparcial”. En 1954 fue elegido concejal en Chascomús, y al año siguiente fue encarcelado por la Revolución Libertadora. En 1958 fue electo diputado provincial en la Provincia de Buenos Aires y diputado nacional durante el gobierno radical de Arturo Illia entre 1963 y 1966, en el cual fue vicepresidente del Bloque de Diputados Nacionales de la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP). Finalmente, en 1965 fue elegido presidente del Comité Provincia de Buenos Aires de la UCRP.
Que el 17 de noviembre de 1966, durante la dictadura militar del general Juan Carlos Onganía, fue detenido por un breve tiempo por haber reabierto el Comité de la Provincia. A partir de la dictadura militar de tipo permanente que instaló Onganía, Alfonsín estrechó sus contactos con los sectores de centro-izquierda, como el socialismo dirigido por su amigo Guillermo Estévez Boero, y comenzó a desarrollar, desde la Provincia de Buenos Aires, un pensamiento socialdemócrata dentro del radicalismo que tendría un considerable impacto en la juventud. En aquel primer núcleo alfonsinista se encontraban Bernardo Grinspun, Roque Carranza, Germán López, Raúl Borrás, entre otros.
Que con la política prohibida y una situación internacional conflictiva, la juventud progresista argentina se vio frente a la opción concreta de sumarse a la lucha armada. Alfonsín rechazó expresamente la lucha armada como camino de progreso social, que adoptaron por entonces algunos grupos católicos, nacionalistas, peronistas y de izquierda, para ofrecer a un amplio sector de la juventud un canal pacífico de militancia de centro-izquierda. El alfonsinismo apoyó la consigna “Elecciones libres y sin proscripciones”, como alternativa a “Ni golpe ni elección: revolución”. La actividad política vedada obligó a Alfonsín a expresar su oposición a la dictadura y difundir sus argumentos a través de su actividad periodística: fue columnista de la revista Inédito de Mario Monteverde, y escribió artículos en otros semanarios bajo el seudónimo de Alfonso Carrido Lura. Entre 1971 y 1972, los jóvenes radicales que habían mantenido una militancia activa contra la dictadura miliar comienzan a acercarse a Raúl Alfonsín. De este modo el alfonsinismo comenzó a definirse como línea interna progresista frente al balbinismo-unionismo que expresaban una actitud conservadora dentro de la Unión Cívica Radical.
Que en septiembre de 1972, en Rosario, se creó el Movimiento Renovador Nacional reclamando un programa de carácter nacional, popular, democrático y liberador, y proclamando a Raúl Alfonsín como precandidato presidencial en las internas de la UCR. En las elecciones internas se impuso el balbinismo-unionismo, en tanto que el alfonsinismo obtuvo la minoría por haber alcanzado más del 25%.
Que en 1973 la Unión Cívica Radical perdió las elecciones ante Juan Domingo Perón; Raúl Alfonsín resultó electo, una vez más, Diputado Nacional. Poco después, en mayo, Alfonsín amplió la extensión del sector que conducía para crear el Movimiento de Renovación y Cambio, con una posición sumamente crítica a la estrategia de unidad nacional del balbinismo, en contra de todo acuerdo con el peronismo, y un programa de izquierda socialdemócrata que proponía la reforma agraria, una nueva reforma universitaria, la democratización del sindicalismo y el establecimiento de una democracia social.
Que el 18 de diciembre de 1975, tres meses antes del golpe militar que dio inicio a la dictadura conocida como Proceso de Reorganización Nacional, Alfonsín fue una de las personalidades que fundaron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Que esta asociación fue la primera creada en Argentina para hacer frente a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que en aquella época comenzaron con la actividad de la denominada “Triple A”. Su primera reunión se llevó a cabo durante el mes de diciembre de 1975 en la Casa de Ejercicios Espirituales que dependía de la Iglesia de la Santa Cruz y fue convocada por Rosa Pantaleón, y asistieron el obispo de Neuquén don Jaime de Nevares, el rabino Marshall Meyer, el obispo Carlos Gatinoni, la doctora Alicia Moreau de Justo, Raúl Alfonsín, Oscar Alende, Susana Pérez Gallart, Adolfo Pérez Esquivel y Alfredo Bravo.
Que la A.P.D.H. desempeñó un importante papel de defensa de los derechos humanos durante la dictadura militar, luego apoyó el trabajo de la CONADEP y finalmente luchó contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso de Reorganización Nacional, parte de cuya responsabilidad fue del propio Alfonsín, cuando fue Presidente.
Que durante la dictadura militar, Alfonsín puso gratuitamente su servicio de abogado para defender opositores y presentar hábeas corpus por los detenidos-desaparecidos, actividad que por sí misma solía significar la muerte. Realizó varios viajes a América Latina, los Estados Unidos, Asia, la Unión Soviética y Europa, donde frecuentó a los dirigentes de la Internacional Socialista (IS), denunciando la masiva violación de derechos humanos que se estaba produciendo en Argentina.
Que en 1976 fundó y dirigió la revista Propuesta y Control, única revista política opositora en aquellos primeros años del gobierno militar. En 1982, ante la Guerra de las Malvinas, Alfonsín, asesorado por un grupo de intelectuales como Jorge Roulet, Dante Caputo y Jorge Sábato, fue uno de los pocos políticos argentinos que se opuso a la acción militar en las islas Malvinas y sostuvo que su finalidad era lograr el fortalecimiento de la dictadura. Exigió al gobierno militar que proveyera información verídica sobre la marcha del conflicto.
Que este mismo grupo influyó en la decisión de Alfonsín en promover la caída de la Junta de Comandantes encabezada por Galtieri, proponiendo que asumiera un gobierno civil de unidad nacional conducido por el ex presidente Arturo Illia con el fin de proceder a la democratización.
Que desde fines de 1982, una vez abierto el proceso de transición a la democracia bajo la presidencia del general Bignone, Alfonsín se convirtió, primero en presidente Universal de la Unión Cívica Radical al imponerse el Movimiento de Renovación y Cambio en las elecciones internas partidarias. Poco después fue nominado candidato a presidente de la Nación, cuando el otro precandidato radical, Fernando de la Rúa, declinó su candidatura ante el amplio apoyo que estaba recibiendo Alfonsín en todo el país. Como candidato a vicepresidente fue nominado Víctor H. Martínez.
Que los dos principales candidatos presidenciales eran el Ítalo Lúder por el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) y el radical Raúl Alfonsín por la Unión Cívica Radical (UCR). Existía entonces un generalizado sentimiento de que el peronismo sería un claro ganador, incluso entre los propios dirigentes radicales.
Que un momento clave de la campaña electoral fue la denuncia de un pacto entre la cúpula de las fuerzas armadas y la dirigencia sindical para no juzgar los crímenes cometidos por estos, lo que tuvo repercusión en el mundo.
Que la pericia de los dirigentes de la campaña de la UCR quedará de manifiesto con la denuncia del denominado “Pacto militar-sindical”, un supuesto acuerdo entre representantes de los sindicatos y los militares en vías de abandonar la casa de gobierno. A través de la denuncia de ese arreglo político —que de acuerdo a las encuestas fue considerado por el grueso de los electores como algo real y negativo para el destino del país— Alfonsín logró identificar a su principal oponente con el pasado inmediato, con el conflictivo periodo 1974-1976 y con la dictadura. Esa jugada política fue efectuada —según un análisis realizado por Oscar Landi— en un momento en que los expertos coincidían en que la tasa de los intencionados de voto por la UCR se había estabilizado, en tanto crecía la del peronismo.
Que la campaña electoral de Alfonsín buscó sobre todo transmitir una imagen de paz, evitando cuidadosamente todo conflicto, gestos de violencia en los actos, discursos agresivos, etc. Para acentuar la importancia de su mensaje democrático eligió para cerrar sus discursos en los actos recitar el Preámbulo de la Constitución Nacional.
Que las elecciones se realizaron el 30 de octubre de 1983 y Alfonsín triunfó obteniendo el 51,7% de los votos frente al 40,1% del peronismo.
Que el 10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la nación. Su gobierno enfrentó dos grandes grupos de problemas: la consolidación de la democracia y la difusión de la misma hacia todos los ámbitos de la sociedad y la relación con las Fuerzas Armadas; y la obra general de gobierno condicionada por la inflación y la crisis de la deuda.
Que el gobierno de Alfonsín debió enfrentar el problema de la transición a la democracia en un país con una larga tradición de gobiernos militares que había llegado al terrorismo de estado y la guerra.
Que el 15 de diciembre de 1983 Alfonsín sancionó los Decretos Nº 157/83 y Nº 158/83. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas. El mismo día creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por personalidades independientes como Ernesto Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide, entre otros, con la misión de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos para fundar el juicio a las juntas militares. También el 15 de diciembre Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley declarando nula la llamada Ley de Auto-Amnistía Nº 22.924 dictada por el gobierno militar. Una semana después el proyecto fue sancionado como Ley Nº 23.040, la primera ley de la nueva etapa democrática.
Que el 20 de septiembre de 1984 la CONADEP produjo su famoso informe titulado “Nunca Más” y concurre a entregarlo al Presidente Alfonsín acompañada de una multitud de 70.000 personas. El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal toma la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente del juicio. Los fiscales fueron Julio César Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron 281 casos. El 9 de diciembre se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Por las características que tuvo, la condena a las juntas militares realizada por un gobierno democrático constituyó un hecho sin precedentes en el mundo, que contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica.
Que el gobierno de Alfonsín estuvo permanentemente amenazado por sectores de las Fuerzas Armadas que se negaban a aceptar el enjuiciamiento por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar anterior. Para intentar mantener bajo control el descontento en las Fuerzas Armadas, en 1986 Alfonsín debió intervenir personalmente para que el Congreso sancionara la Ley de Punto Final, imponiendo un plazo de 60 días para procesar a acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar. La Ley de Punto Final no fue suficiente, y en la Semana Santa de 1987 se produjo una gran rebelión militar compuesta mayoritariamente por jóvenes oficiales que se denominaron “carapintadas”, dirigidos por el teniente coronel Aldo Rico. Al mismo tiempo que los jefes militares demostraban que no estaban dispuestos a obedecer las órdenes del Presidente Alfonsín y reprimir la insurrección, millones de personas salieron a las calles para oponerse al alzamiento militar y la CGT declaró la huelga general en defensa del gobierno constitucional. Durante varios días el país estuvo a borde de la guerra civil. Alfonsín, anunció al público reunido en la Plaza de Mayo, desde la Casa de Gobierno, el envío de tropas leales para exigir a los rebeldes que depusieran su actitud. Poco después habría de darse cuenta que esas tropas, en los hechos, no existían. Ni una sola de las unidades convocadas en la Capital Federal y zonas adyacentes respondió a esa orden. Sólo el General Ernesto Alais se mostró dispuesto a actuar, desde su guarnición en la provincia de Corrientes, y así avanzó con sus tropas hacia Campo de Mayo. A pesar de ello, al llegar esas fuerzas a Zárate, en la provincia de Buenos Aires, los oficiales de rango intermedio detuvieron su marcha e hicieron conocer su decisión de no avanzar contra sus compañeros. El propio Alfonsín ha revelado luego que, fuera de quicio, quiso marchar encabezando a la multitud a Campo de Mayo, donde se encontraban los militares insurrectos, pero que finalmente no lo hizo para evitar la guerra civil.
Que en vez de ello, Alfonsín concurrió personalmente a Campo de Mayo a reducir a los insurrectos. Horas después anunció, que los amotinados habían depuesto su actitud, en lo que aparentemente había sido una victoria sin concesiones del gobierno democrático. Poco después se haría evidente que este pretendido triunfo no había sido tal. Fue el sábado 30 de abril cuando Alfonsín así lo comunicó en un discurso a la población congregada en Plaza de Mayo donde utilizó una frase que se hizo histórica por su sentido negativo: “La casa está en orden, felices Pascuas”. Alfonsín, sin poder militar para detener el golpe de estado, negoció con los líderes militares “carapintadas” la garantía de que no habría nuevos juicios contra militares por violación de derechos humanos. Esas medidas se concretaron en la Ley de Obediencia Debida y el reemplazo del General Héctor Ríos Ereñú por el General José Dante Caridi al mando del Ejército argentino. Este último, desde su cargo, comenzaría a defender públicamente la dictadura y la guerra sucia. Desde entonces Alfonsín debió enfrentar otras dos insurrecciones militares durante 1988 y un permanente estado de insubordinación de las Fuerzas Armadas.
Que las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron objeto de fuertes cuestionamientos por parte de las organizaciones de derechos humanos, el movimiento estudiantil y las fuerzas políticas progresistas, incluidos sectores internos del radicalismo como la Juventud Radical y su brazo universitario Franja Morada. Con posterioridad, ambas leyes y los indultos a los jefes militares y guerrilleros ya condenados, concedidos por el Presidente Carlos Menem en 1989, fueron conocidas como las “leyes de la impunidad”, y serían derogadas por el Congreso Nacional en 2003. El propio Alfonsín apoyó la nulidad de las leyes, aunque aclaró que le correspondía a la Corte Suprema hacerlo, no al Congreso. Quienes justifican las decisiones que tomó para detener los juicios contra las personas acusadas de cometer delitos contra la humanidad, sostienen que en aquel momento las Fuerzas Armadas no obedecían las órdenes del Presidente y que no existía poder para reprimir las insurrecciones militares, lo que hubiera llevado a un sangriento golpe de estado y eventualmente a una más sangrienta guerra civil.
Que Alfonsín se ha referido con posterioridad abiertamente sobre esta cuestión diciendo que las medidas que nosotros tomamos, que lo hicimos con un criterio de racionalidad, no se compadecían con lo emocional del pueblo en ese momento. De modo que fue algo que se vio como una enorme frustración, en general, por todos los argentinos, acompañado por todas las organizaciones de derechos humanos y sobre todo por los partidos políticos opositores, de modo tal que cuando Menem, posteriormente, realiza el indulto, se creyó que era mucho menos grave que lo que yo había hecho. Que por otra parte no era sino cumplir con lo que había señalado durante la campaña: la responsabilidad principal es de los que mandan, la segunda de los que se han excedido en el cumplimiento de las órdenes, y la tercera de los que en ese marco de terror que había creyeron en la legitimidad de la orden impartida. Entonces, sobre esos ya no quería que recayera la pena.
Que más allá de las especulaciones, lo cierto es que la Semana Santa de 1987 constituyó un punto de inflexión para la popularidad de Alfonsín, que se reflejaría en la derrota de la Unión Cívica Radical en las elecciones para gobernadores y parlamentarias de ese año. Pero también es cierto que Alfonsín logró entregar su mandato a otro presidente civil, de otro partido político, hecho que no sucedía desde 1916, y que desde su asunción en 1983, Argentina inició el más extenso período democrático de su historia.
Que el gobierno de Alfonsín tenía detrás de sí una fuerza nueva: la civilidad que había votado su propuesta de construir un Estado de Derecho, al cual los poderes corporativos (FF.AA., Iglesia y Sindicatos) deberían someterse y consolidar un sistema político que resolviera los conflictos de una manera pacífica, ordenada, transparente y equitativa. La civilidad vivió la euforia y la ilusión de que la democracia por si sola resolvería los problemas económicos y sociales imponiéndose pacíficamente a los poderosos intereses establecidos que se le oponían. El gobierno en su diagnóstico de la crisis consideró que los problemas económicos eran menos significativos que los políticos: lo fundamental era eliminar el autoritarismo y encontrar los modos auténticos de representación de la voluntad ciudadana: se propendió a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, se buscó una sociedad de participación, el pluralismo y el rechazo de los dogmatismos. Se realizó un programa de alfabetización masiva, el congreso pedagógico, la eliminación de la censura en las actividades artísticas. Hubo profundas transformaciones en la universidad y en el sistema científico. Volvieron los intelectuales del exilio ocupando los medios de comunicación y se los empleó como asesores o funcionarios técnicos. En el campo de las relaciones individuales se promovió la ley de divorcio vincular y la patria potestad compartida.
Que la situación económica y social en la que Alfonsín asumió el gobierno era realmente negativa, interna y externamente. Externamente, en 1982 estallaba la crisis de la deuda externa latinoamericana, ante la moratoria de México y la negativa de los acreedores a refinanciar préstamos, así como la exigencia de que la deuda se cancelara con los activos de los Estados deudores. Internamente, la deuda externa argentina había pasado de 7.875 millones de dólares al finalizar 1975, a 45.087 millones de dólares al finalizar 1983. Por otro lado el retraso salarial y la pobreza, que había aumentado del 5% en 1975 al 37% en 1982 según datos para el Gran Buenos Aires, anticipaban grandes presiones sociales una vez reconquistada la democracia. Para América Latina, la década de los años ochenta fue conocida como la “Década Perdida”.
Que en una primera etapa Alfonsín recurrió al esquema económico que el radicalismo había utilizado con considerable éxito durante la presidencia de Illia 20 años antes. Su primer ministro de Economía, Bernardo Grinspun, y gran parte de sus colaboradores habían sido parte de aquel equipo. En ese primer momento Alfonsín y la mayor parte de la Unión Cívica Radical básicamente consideraban que la vigencia de las instituciones democráticas garantizaba que la economía diera respuesta a las necesidades de la población. De esa primera etapa proviene una frase recordada que repitió durante toda la campaña electoral: “Con la democracia se come, se educa y se cura”.
Que a poco andar fue evidente que el nacionalismo económico clásico del radicalismo, que estaba llevando adelante Grinspun, tenía serios problemas. Al finalizar 1984 el salario real había aumentado un 35%, pero la inflación alcanzó 625% anual. En febrero de 1985 Alfonsín reemplazó a Grinspun por Juan Vital Sourrouille con el fin de implementar una política económica que atacara frontalmente la inflación. El 14 de junio Alfonsín y Sourrouille anunciaron por televisión la puesta en marcha del Plan Austral, por el que se creaba una nueva moneda, el Austral, se congelaban todos los precios de la economía, y se establecía un mecanismo de “desagio” para desindexar los contratos. El Plan Austral fue un plan no monetarista, que se basaba en la idea de que, en una economía de alta inflación durante varias décadas, como la Argentina, el único modo de lograr la estabilidad era frenando lo que llamaban “inflación inercial”, es decir la anticipación de la inflación por parte de los agentes económicos. Sólo después podrían atacarse las causas estructurales.
Que para 1987 comenzaba a hacerse evidente que era necesaria una reforma económica estructural que resolviera la brecha entre recursos con que contaba el Estado y las funciones que desarrollaba. En julio de 1987 los ministros de Economía, Sourrouille y de Obras y Servicios Públicos, Terragno anunciaron conjuntamente un paquete de medidas para la reforma del sector público.
Que el gobierno de Alfonsín no pudo avanzar mucho en este plan de reforma del Estado, en parte por la oposición del peronismo en el Congreso, y en parte porque los partidos políticos populares de entonces, incluida la Unión Cívica Radical, se encontraban sumamente comprometidos con las ideas estatistas y nacionalistas que habían dominado la mayor parte del siglo XX. Finalmente estas reformas serán realizadas drásticamente durante el gobierno de Carlos Menem, utilizando según sus propias palabras, un método de “cirugía mayor sin anestesia”.
Que entre las transformaciones económicas estructurales diseñadas por el gobierno de Alfonsín, merece destacarse la iniciación de un proceso de integración económica con Brasil, Uruguay y Paraguay que dio origen al Mercosur. Esta iniciativa ha sido considerada como “el legado más perdurable de toda la política económica del gobierno de Alfonsín”.
Que en abril de 1988 Argentina entró en moratoria del pago de su deuda externa. En agosto la inflación alcanzaba el 27,6% mensual. En octubre entonces, el gobierno de Alfonsín puso en práctica un plan de salvataje, el Plan Primavera, cuyo objetivo primordial era llegar a las elecciones con la economía bajo un mínimo de control. Básicamente consistía en un acuerdo de moderación del aumento de precios con la Unión Industrial Argentina y la Cámara de Comercio y un nuevo régimen cambiario, en el que el Estado intermediaba en la compra y venta de divisas.
El Plan Primavera duró poco. Los operadores cambiarios lo rechazaron, no generó confianza y adicionalmente a comienzos de 1989, el Banco Mundial suspendió su ayuda a la Argentina. A finales de enero se inició una corrida masiva hacia el dólar. La hiperinflación de 1989, llevó la pobreza de 25% a comienzos de 1989, al record histórico de 47,3% en octubre del mismo año.
Que en las elecciones presidenciales del 14 de mayo, el candidato de la Unión Cívica Radical, Eduardo Angeloz, fue derrotado por Carlos Menem. Pero aún faltaban 7 meses para la fecha de entrega del mando que debían transcurrir en medio de la hiperinflación. Ante el riesgo de disolución del Estado y la eventualidad de un nuevo golpe militar, Alfonsín renunció el 9 de julio de 1989 para anticipar la entrega del mando a Carlos Menem, ya que por esos días una escalda de saqueos se dieron en todos los comercios y supermercados del país por parte de la población marginal. Fueron unos días de mucha tensión, violencia y robos descontrolados.
Que desde fines de 1982 y la elección de Franco Montoro como gobernador de San Pablo, Alfonsín percibía el renacimiento de un proceso democrático en Brasil. Para su asunción, Alfonsín invitó a Montoro, Ulisses Guimaraes, Helio Jaguaribe, Fernando Henrique Cardoso, y Fernando Gasparián. A mediados de la década, Alfonsín ordena a su canciller, Dante Caputo, de iniciar el proceso de integración subregional. Así, a principios de 1985 Alfonsín propuso al presidente electo del Brasil, Tancredo Neves, iniciar un proceso de integración económica entre Argentina y Brasil “para fortalecer la democracia, afrontar la deuda externa y posibilitar la modernización productiva” que fue recibida con agrado por el mandatario brasileño. Poco después Tancredo Neves falleció, pero su sucesor José Sarney adoptó con entusiasmo el proyecto de integración, y autorizó al embajador Francisco Thompson Flores una importante compra de trigo argentino en condiciones desventajosas, por razones puramente políticas. A partir de allí el proyecto de integración se desarrolló vertiginosamente: el 28 de julio de 1985, en una decisión sin antecedentes para su política exterior, Brasil aceptó la propuesta argentina y se incorporó al Grupo de Apoyo a Contadora, junto a Perú y Uruguay.
Que el 30 de noviembre de 1985 Alfonsín y Sarney suscribieron la Declaración de Foz de Iguazú, piedra basal del Mercosur.
Que el 6 de abril de 1988 se firmó el Acta de Alvorada, mediante el cual Uruguay se sumó al proceso de integración regional. El 29 de noviembre de 1988 se celebró el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo entre Argentina y Brasil. El Tratado fijó un plazo de 10 años para la remoción gradual de las asimetrías. Complementariamente, durante el gobierno de Alfonsín, Argentina y Brasil dieron forma a varios protocolos de integración, para sectores específicos, implementados por su secretario de Industria y Comercio Exterior, Roberto Lavagna, posterior ministro de Economía de los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.
Que el proceso se completaría el 26 de marzo de 1991, ya durante las presidencias de Fernando Collor de Mello y Carlos Menem, con la firma del Tratado de Asunción en el que se constituye el Mercosur. Algunos analistas consideran que el proceso de integración de Argentina con Brasil, Uruguay y Paraguay que puso en marcha Alfonsín es uno de los puntos más altos y trascendentes de su obra de gobierno.
Que para Alfonsín garantizar la paz con Chile fue una cuestión prioritaria desde el momento de asumir: Ni bien comenzó el gobierno radical, el 10 de diciembre de 1983 dio precisas instrucciones para que se avanzara en la búsqueda de una solución para el diferendo austral.
Que en 1978 la Reina de Inglaterra dio a conocer el Laudo Arbitral de 1977 que le había sido entregado para su conocimiento y publicación por una Corte Arbitral de cinco jueces nombrados en 1971 de común acuerdo entre los presidentes Allende y Lanusse. La sentencia, determinó que las islas en disputa pertenecían a Chile. El gobierno militar argentino declaró la nulidad del Laudo y posteriormente inició la Operación Soberanía para ocupar las islas. A partir de entonces el Vaticano se mantuvo como mediador intentando llevar a las partes a un acuerdo que no contradijera el Laudo de la Corona Británica.
Que en 1983 el Su Santidad el Papa presentó una segunda propuesta de solución. Alfonsín estimó necesario entonces cerrar el conflicto aceptando la propuesta del Vaticano. Como primera medida, Alfonsín firmó en el Vaticano el 23 de enero de 1984 una Declaración Conjunta de Paz y Amistad en la que los dos países se comprometían a alcanzar una solución “justa y honorable” para el conflicto, “siempre y exclusivamente por medios pacíficos”. Pero el gobierno alfonsinista evaluó que el momento más crítico iba a presentarse cuando la propuesta vaticana fuera conocida, y los sectores nacionalistas comenzaran a cuestionarla subrayando las pérdidas de soberanía frente a su reclamo máximo.
Que ello llevó a Alfonsín a tratar de crear un fuerte consenso interno que le permitiera aprobar la propuesta del Vaticano y al mismo tiempo evitar el fortalecimiento de los militares golpistas en ambos países. Existía el peligro cierto de que la mayoría peronista en el Senado, presionada por la exigencia de defender la soberanía, rechazara la propuesta del Papa Juan Pablo II. Alfonsín incluyó en el Acta de Coincidencias entre los partidos políticos que se firmó el 7 de junio de 1984 un punto estableciendo que debía aceptarse la propuesta que hiciera el Vaticano. El Acta fue firmada por 16 partidos políticos, incluido el peronismo, siendo rechazada por 4. Pero fundamentalmente Alfonsín buscó generar un sólido consenso interno mediante una consulta popular no vinculante, pero que presionara a los Senadores. Si bien los principales líderes del peronismo estaban a favor de aceptar la propuesta papal, la oposición a la misma había crecido y sumaba a varios Senadores peronistas, radicales, nacionalistas y socialistas.
Que en esas condiciones se produjo el famoso debate televisivo entre Dante Caputo y Vicente Saadi que tuvo un impacto decisivo para el triunfo del “SI” a la propuesta papal. El 25 de noviembre de 1984 se realizó el plesbicito y triunfó el “SI” con un apoyo del 81,32%. Cuatro días después, el 29 de noviembre de 1984 se firmó el Tratado de Paz y Amistad con Chile.
Que los días 21 y 22 de junio de 1984 los cancilleres y ministros de Economía de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela se reunieron en la ciudad colombiana de Cartagena para formar el Grupo de Cartagena. Con un espíritu similar al que inspiraba el Grupo de Cartagena, el gobierno de Alfonsín impulsó una acción multilateral conjunta de las democracias latinoamericanas para garantizar la paz y la democracia en la región. Con ese objetivo el gobierno argentino impulsó el apoyo al Grupo Contadora, una iniciativa de acción conjunta para promover la paz en Centroamérica que habían establecido Colombia, México, Panamá y Venezuela en 1983.
Que con ese fin, el 29 de julio de 1985, en Lima, aprovechando el encuentro de presidentes para asistir a la asunción del presidente Alan García, Argentina, Brasil, Perú y Uruguay anunciaron juntos la creación del Grupo de Apoyo a Contadora (o Grupo de Lima). Ambos grupos de países juntos fueron conocidos como el Grupo de los Ocho, y desempeñó un papel muy importante en la pacificación de América Central. Particularmente importante fue su actuación cuando los países centroamericanos adhirieron a las propuestas del Grupo de los Ocho, el 14 de enero de 1986 mediante la Declaración de Guatemala. Más adelante del Grupo de los Ocho amplió sus preocupaciones a otros problemas de interés regional, abordando la situación de las islas Malvinas (exhortando a la negociación entre Argentina y Gran Bretaña), la deuda externa y el proteccionismo de los países desarrollados. A partir de 1990 el Grupo Contadora adoptó el nombre de Grupo de Río.
Que el gobierno de Alfonsín instrumentó un Plan Nacional de Alfabetización (PNA) diseñado por la profesora Nélida Baigorria. Al asumir el gobierno los datos del censo de 1980 indicaban un analfabetismo de 6,1%. En el censo de 1991 el analfabetismo se había reducido a 3,7%, porcentaje similar al que registran España y Canadá. En 1988, el PNA de Argentina recibió el premio otorgado por la Asociación Internaci
Que este año se cumple el vigésimo quinto aniversario de la reapertura institucional en el país que tuvo su histórica jornada el 30 de octubre de 1983 y que culminara el 10 de diciembre del mismo año con la asunción del gobierno constitucional del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín; y,
Considerando:
Que el Dr. Raúl Ricardo Alfonsín fue el hombre que encabezó el camino de la recuperación democrática. Así lo sintió la mayoría del pueblo en las elecciones que siguieron a la atroz dictadura. Más allá de los diferencias, ese liderazgo es reconocido en el pensamiento democrático nacional e internacional, y muestras de ello son los reconocimientos de similar o mayor envergadura que éste, que el ex Presidente está recibiendo por parte de todas las legislaturas y gobiernos locales, provinciales y ahora hasta del propio Gobierno Nacional.
Que Alfonsín es hijo de un reconocido comerciante minorista radicado en Chascomús, una pequeña ciudad de entorno agrícola-ganadero a 120 kilómetros de Buenos Aires. Su abuelo era un inmigrante gallego republicano. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Normal Regional de Chascomús, y los estudios secundarios en el Liceo Militar General San Martín, de donde egresó con el grado de subteniente de reserva. Tuvo como compañeros de clase a Leopoldo Fortunato Galtieri y Jorge Rafael Videla. Estudió Ciencias Jurídicas en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, recibiéndose de abogado en 1950.
Que en 1950 comenzó su actuación política en el Movimiento de Intransigencia y Renovación de la Unión Cívica Radical, en Chascomús, donde participó de la fundación del diario “El Imparcial”. En 1954 fue elegido concejal en Chascomús, y al año siguiente fue encarcelado por la Revolución Libertadora. En 1958 fue electo diputado provincial en la Provincia de Buenos Aires y diputado nacional durante el gobierno radical de Arturo Illia entre 1963 y 1966, en el cual fue vicepresidente del Bloque de Diputados Nacionales de la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP). Finalmente, en 1965 fue elegido presidente del Comité Provincia de Buenos Aires de la UCRP.
Que el 17 de noviembre de 1966, durante la dictadura militar del general Juan Carlos Onganía, fue detenido por un breve tiempo por haber reabierto el Comité de la Provincia. A partir de la dictadura militar de tipo permanente que instaló Onganía, Alfonsín estrechó sus contactos con los sectores de centro-izquierda, como el socialismo dirigido por su amigo Guillermo Estévez Boero, y comenzó a desarrollar, desde la Provincia de Buenos Aires, un pensamiento socialdemócrata dentro del radicalismo que tendría un considerable impacto en la juventud. En aquel primer núcleo alfonsinista se encontraban Bernardo Grinspun, Roque Carranza, Germán López, Raúl Borrás, entre otros.
Que con la política prohibida y una situación internacional conflictiva, la juventud progresista argentina se vio frente a la opción concreta de sumarse a la lucha armada. Alfonsín rechazó expresamente la lucha armada como camino de progreso social, que adoptaron por entonces algunos grupos católicos, nacionalistas, peronistas y de izquierda, para ofrecer a un amplio sector de la juventud un canal pacífico de militancia de centro-izquierda. El alfonsinismo apoyó la consigna “Elecciones libres y sin proscripciones”, como alternativa a “Ni golpe ni elección: revolución”. La actividad política vedada obligó a Alfonsín a expresar su oposición a la dictadura y difundir sus argumentos a través de su actividad periodística: fue columnista de la revista Inédito de Mario Monteverde, y escribió artículos en otros semanarios bajo el seudónimo de Alfonso Carrido Lura. Entre 1971 y 1972, los jóvenes radicales que habían mantenido una militancia activa contra la dictadura miliar comienzan a acercarse a Raúl Alfonsín. De este modo el alfonsinismo comenzó a definirse como línea interna progresista frente al balbinismo-unionismo que expresaban una actitud conservadora dentro de la Unión Cívica Radical.
Que en septiembre de 1972, en Rosario, se creó el Movimiento Renovador Nacional reclamando un programa de carácter nacional, popular, democrático y liberador, y proclamando a Raúl Alfonsín como precandidato presidencial en las internas de la UCR. En las elecciones internas se impuso el balbinismo-unionismo, en tanto que el alfonsinismo obtuvo la minoría por haber alcanzado más del 25%.
Que en 1973 la Unión Cívica Radical perdió las elecciones ante Juan Domingo Perón; Raúl Alfonsín resultó electo, una vez más, Diputado Nacional. Poco después, en mayo, Alfonsín amplió la extensión del sector que conducía para crear el Movimiento de Renovación y Cambio, con una posición sumamente crítica a la estrategia de unidad nacional del balbinismo, en contra de todo acuerdo con el peronismo, y un programa de izquierda socialdemócrata que proponía la reforma agraria, una nueva reforma universitaria, la democratización del sindicalismo y el establecimiento de una democracia social.
Que el 18 de diciembre de 1975, tres meses antes del golpe militar que dio inicio a la dictadura conocida como Proceso de Reorganización Nacional, Alfonsín fue una de las personalidades que fundaron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Que esta asociación fue la primera creada en Argentina para hacer frente a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que en aquella época comenzaron con la actividad de la denominada “Triple A”. Su primera reunión se llevó a cabo durante el mes de diciembre de 1975 en la Casa de Ejercicios Espirituales que dependía de la Iglesia de la Santa Cruz y fue convocada por Rosa Pantaleón, y asistieron el obispo de Neuquén don Jaime de Nevares, el rabino Marshall Meyer, el obispo Carlos Gatinoni, la doctora Alicia Moreau de Justo, Raúl Alfonsín, Oscar Alende, Susana Pérez Gallart, Adolfo Pérez Esquivel y Alfredo Bravo.
Que la A.P.D.H. desempeñó un importante papel de defensa de los derechos humanos durante la dictadura militar, luego apoyó el trabajo de la CONADEP y finalmente luchó contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso de Reorganización Nacional, parte de cuya responsabilidad fue del propio Alfonsín, cuando fue Presidente.
Que durante la dictadura militar, Alfonsín puso gratuitamente su servicio de abogado para defender opositores y presentar hábeas corpus por los detenidos-desaparecidos, actividad que por sí misma solía significar la muerte. Realizó varios viajes a América Latina, los Estados Unidos, Asia, la Unión Soviética y Europa, donde frecuentó a los dirigentes de la Internacional Socialista (IS), denunciando la masiva violación de derechos humanos que se estaba produciendo en Argentina.
Que en 1976 fundó y dirigió la revista Propuesta y Control, única revista política opositora en aquellos primeros años del gobierno militar. En 1982, ante la Guerra de las Malvinas, Alfonsín, asesorado por un grupo de intelectuales como Jorge Roulet, Dante Caputo y Jorge Sábato, fue uno de los pocos políticos argentinos que se opuso a la acción militar en las islas Malvinas y sostuvo que su finalidad era lograr el fortalecimiento de la dictadura. Exigió al gobierno militar que proveyera información verídica sobre la marcha del conflicto.
Que este mismo grupo influyó en la decisión de Alfonsín en promover la caída de la Junta de Comandantes encabezada por Galtieri, proponiendo que asumiera un gobierno civil de unidad nacional conducido por el ex presidente Arturo Illia con el fin de proceder a la democratización.
Que desde fines de 1982, una vez abierto el proceso de transición a la democracia bajo la presidencia del general Bignone, Alfonsín se convirtió, primero en presidente Universal de la Unión Cívica Radical al imponerse el Movimiento de Renovación y Cambio en las elecciones internas partidarias. Poco después fue nominado candidato a presidente de la Nación, cuando el otro precandidato radical, Fernando de la Rúa, declinó su candidatura ante el amplio apoyo que estaba recibiendo Alfonsín en todo el país. Como candidato a vicepresidente fue nominado Víctor H. Martínez.
Que los dos principales candidatos presidenciales eran el Ítalo Lúder por el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) y el radical Raúl Alfonsín por la Unión Cívica Radical (UCR). Existía entonces un generalizado sentimiento de que el peronismo sería un claro ganador, incluso entre los propios dirigentes radicales.
Que un momento clave de la campaña electoral fue la denuncia de un pacto entre la cúpula de las fuerzas armadas y la dirigencia sindical para no juzgar los crímenes cometidos por estos, lo que tuvo repercusión en el mundo.
Que la pericia de los dirigentes de la campaña de la UCR quedará de manifiesto con la denuncia del denominado “Pacto militar-sindical”, un supuesto acuerdo entre representantes de los sindicatos y los militares en vías de abandonar la casa de gobierno. A través de la denuncia de ese arreglo político —que de acuerdo a las encuestas fue considerado por el grueso de los electores como algo real y negativo para el destino del país— Alfonsín logró identificar a su principal oponente con el pasado inmediato, con el conflictivo periodo 1974-1976 y con la dictadura. Esa jugada política fue efectuada —según un análisis realizado por Oscar Landi— en un momento en que los expertos coincidían en que la tasa de los intencionados de voto por la UCR se había estabilizado, en tanto crecía la del peronismo.
Que la campaña electoral de Alfonsín buscó sobre todo transmitir una imagen de paz, evitando cuidadosamente todo conflicto, gestos de violencia en los actos, discursos agresivos, etc. Para acentuar la importancia de su mensaje democrático eligió para cerrar sus discursos en los actos recitar el Preámbulo de la Constitución Nacional.
Que las elecciones se realizaron el 30 de octubre de 1983 y Alfonsín triunfó obteniendo el 51,7% de los votos frente al 40,1% del peronismo.
Que el 10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la nación. Su gobierno enfrentó dos grandes grupos de problemas: la consolidación de la democracia y la difusión de la misma hacia todos los ámbitos de la sociedad y la relación con las Fuerzas Armadas; y la obra general de gobierno condicionada por la inflación y la crisis de la deuda.
Que el gobierno de Alfonsín debió enfrentar el problema de la transición a la democracia en un país con una larga tradición de gobiernos militares que había llegado al terrorismo de estado y la guerra.
Que el 15 de diciembre de 1983 Alfonsín sancionó los Decretos Nº 157/83 y Nº 158/83. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas. El mismo día creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por personalidades independientes como Ernesto Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide, entre otros, con la misión de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos para fundar el juicio a las juntas militares. También el 15 de diciembre Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley declarando nula la llamada Ley de Auto-Amnistía Nº 22.924 dictada por el gobierno militar. Una semana después el proyecto fue sancionado como Ley Nº 23.040, la primera ley de la nueva etapa democrática.
Que el 20 de septiembre de 1984 la CONADEP produjo su famoso informe titulado “Nunca Más” y concurre a entregarlo al Presidente Alfonsín acompañada de una multitud de 70.000 personas. El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal toma la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente del juicio. Los fiscales fueron Julio César Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron 281 casos. El 9 de diciembre se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Por las características que tuvo, la condena a las juntas militares realizada por un gobierno democrático constituyó un hecho sin precedentes en el mundo, que contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica.
Que el gobierno de Alfonsín estuvo permanentemente amenazado por sectores de las Fuerzas Armadas que se negaban a aceptar el enjuiciamiento por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar anterior. Para intentar mantener bajo control el descontento en las Fuerzas Armadas, en 1986 Alfonsín debió intervenir personalmente para que el Congreso sancionara la Ley de Punto Final, imponiendo un plazo de 60 días para procesar a acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar. La Ley de Punto Final no fue suficiente, y en la Semana Santa de 1987 se produjo una gran rebelión militar compuesta mayoritariamente por jóvenes oficiales que se denominaron “carapintadas”, dirigidos por el teniente coronel Aldo Rico. Al mismo tiempo que los jefes militares demostraban que no estaban dispuestos a obedecer las órdenes del Presidente Alfonsín y reprimir la insurrección, millones de personas salieron a las calles para oponerse al alzamiento militar y la CGT declaró la huelga general en defensa del gobierno constitucional. Durante varios días el país estuvo a borde de la guerra civil. Alfonsín, anunció al público reunido en la Plaza de Mayo, desde la Casa de Gobierno, el envío de tropas leales para exigir a los rebeldes que depusieran su actitud. Poco después habría de darse cuenta que esas tropas, en los hechos, no existían. Ni una sola de las unidades convocadas en la Capital Federal y zonas adyacentes respondió a esa orden. Sólo el General Ernesto Alais se mostró dispuesto a actuar, desde su guarnición en la provincia de Corrientes, y así avanzó con sus tropas hacia Campo de Mayo. A pesar de ello, al llegar esas fuerzas a Zárate, en la provincia de Buenos Aires, los oficiales de rango intermedio detuvieron su marcha e hicieron conocer su decisión de no avanzar contra sus compañeros. El propio Alfonsín ha revelado luego que, fuera de quicio, quiso marchar encabezando a la multitud a Campo de Mayo, donde se encontraban los militares insurrectos, pero que finalmente no lo hizo para evitar la guerra civil.
Que en vez de ello, Alfonsín concurrió personalmente a Campo de Mayo a reducir a los insurrectos. Horas después anunció, que los amotinados habían depuesto su actitud, en lo que aparentemente había sido una victoria sin concesiones del gobierno democrático. Poco después se haría evidente que este pretendido triunfo no había sido tal. Fue el sábado 30 de abril cuando Alfonsín así lo comunicó en un discurso a la población congregada en Plaza de Mayo donde utilizó una frase que se hizo histórica por su sentido negativo: “La casa está en orden, felices Pascuas”. Alfonsín, sin poder militar para detener el golpe de estado, negoció con los líderes militares “carapintadas” la garantía de que no habría nuevos juicios contra militares por violación de derechos humanos. Esas medidas se concretaron en la Ley de Obediencia Debida y el reemplazo del General Héctor Ríos Ereñú por el General José Dante Caridi al mando del Ejército argentino. Este último, desde su cargo, comenzaría a defender públicamente la dictadura y la guerra sucia. Desde entonces Alfonsín debió enfrentar otras dos insurrecciones militares durante 1988 y un permanente estado de insubordinación de las Fuerzas Armadas.
Que las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron objeto de fuertes cuestionamientos por parte de las organizaciones de derechos humanos, el movimiento estudiantil y las fuerzas políticas progresistas, incluidos sectores internos del radicalismo como la Juventud Radical y su brazo universitario Franja Morada. Con posterioridad, ambas leyes y los indultos a los jefes militares y guerrilleros ya condenados, concedidos por el Presidente Carlos Menem en 1989, fueron conocidas como las “leyes de la impunidad”, y serían derogadas por el Congreso Nacional en 2003. El propio Alfonsín apoyó la nulidad de las leyes, aunque aclaró que le correspondía a la Corte Suprema hacerlo, no al Congreso. Quienes justifican las decisiones que tomó para detener los juicios contra las personas acusadas de cometer delitos contra la humanidad, sostienen que en aquel momento las Fuerzas Armadas no obedecían las órdenes del Presidente y que no existía poder para reprimir las insurrecciones militares, lo que hubiera llevado a un sangriento golpe de estado y eventualmente a una más sangrienta guerra civil.
Que Alfonsín se ha referido con posterioridad abiertamente sobre esta cuestión diciendo que las medidas que nosotros tomamos, que lo hicimos con un criterio de racionalidad, no se compadecían con lo emocional del pueblo en ese momento. De modo que fue algo que se vio como una enorme frustración, en general, por todos los argentinos, acompañado por todas las organizaciones de derechos humanos y sobre todo por los partidos políticos opositores, de modo tal que cuando Menem, posteriormente, realiza el indulto, se creyó que era mucho menos grave que lo que yo había hecho. Que por otra parte no era sino cumplir con lo que había señalado durante la campaña: la responsabilidad principal es de los que mandan, la segunda de los que se han excedido en el cumplimiento de las órdenes, y la tercera de los que en ese marco de terror que había creyeron en la legitimidad de la orden impartida. Entonces, sobre esos ya no quería que recayera la pena.
Que más allá de las especulaciones, lo cierto es que la Semana Santa de 1987 constituyó un punto de inflexión para la popularidad de Alfonsín, que se reflejaría en la derrota de la Unión Cívica Radical en las elecciones para gobernadores y parlamentarias de ese año. Pero también es cierto que Alfonsín logró entregar su mandato a otro presidente civil, de otro partido político, hecho que no sucedía desde 1916, y que desde su asunción en 1983, Argentina inició el más extenso período democrático de su historia.
Que el gobierno de Alfonsín tenía detrás de sí una fuerza nueva: la civilidad que había votado su propuesta de construir un Estado de Derecho, al cual los poderes corporativos (FF.AA., Iglesia y Sindicatos) deberían someterse y consolidar un sistema político que resolviera los conflictos de una manera pacífica, ordenada, transparente y equitativa. La civilidad vivió la euforia y la ilusión de que la democracia por si sola resolvería los problemas económicos y sociales imponiéndose pacíficamente a los poderosos intereses establecidos que se le oponían. El gobierno en su diagnóstico de la crisis consideró que los problemas económicos eran menos significativos que los políticos: lo fundamental era eliminar el autoritarismo y encontrar los modos auténticos de representación de la voluntad ciudadana: se propendió a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, se buscó una sociedad de participación, el pluralismo y el rechazo de los dogmatismos. Se realizó un programa de alfabetización masiva, el congreso pedagógico, la eliminación de la censura en las actividades artísticas. Hubo profundas transformaciones en la universidad y en el sistema científico. Volvieron los intelectuales del exilio ocupando los medios de comunicación y se los empleó como asesores o funcionarios técnicos. En el campo de las relaciones individuales se promovió la ley de divorcio vincular y la patria potestad compartida.
Que la situación económica y social en la que Alfonsín asumió el gobierno era realmente negativa, interna y externamente. Externamente, en 1982 estallaba la crisis de la deuda externa latinoamericana, ante la moratoria de México y la negativa de los acreedores a refinanciar préstamos, así como la exigencia de que la deuda se cancelara con los activos de los Estados deudores. Internamente, la deuda externa argentina había pasado de 7.875 millones de dólares al finalizar 1975, a 45.087 millones de dólares al finalizar 1983. Por otro lado el retraso salarial y la pobreza, que había aumentado del 5% en 1975 al 37% en 1982 según datos para el Gran Buenos Aires, anticipaban grandes presiones sociales una vez reconquistada la democracia. Para América Latina, la década de los años ochenta fue conocida como la “Década Perdida”.
Que en una primera etapa Alfonsín recurrió al esquema económico que el radicalismo había utilizado con considerable éxito durante la presidencia de Illia 20 años antes. Su primer ministro de Economía, Bernardo Grinspun, y gran parte de sus colaboradores habían sido parte de aquel equipo. En ese primer momento Alfonsín y la mayor parte de la Unión Cívica Radical básicamente consideraban que la vigencia de las instituciones democráticas garantizaba que la economía diera respuesta a las necesidades de la población. De esa primera etapa proviene una frase recordada que repitió durante toda la campaña electoral: “Con la democracia se come, se educa y se cura”.
Que a poco andar fue evidente que el nacionalismo económico clásico del radicalismo, que estaba llevando adelante Grinspun, tenía serios problemas. Al finalizar 1984 el salario real había aumentado un 35%, pero la inflación alcanzó 625% anual. En febrero de 1985 Alfonsín reemplazó a Grinspun por Juan Vital Sourrouille con el fin de implementar una política económica que atacara frontalmente la inflación. El 14 de junio Alfonsín y Sourrouille anunciaron por televisión la puesta en marcha del Plan Austral, por el que se creaba una nueva moneda, el Austral, se congelaban todos los precios de la economía, y se establecía un mecanismo de “desagio” para desindexar los contratos. El Plan Austral fue un plan no monetarista, que se basaba en la idea de que, en una economía de alta inflación durante varias décadas, como la Argentina, el único modo de lograr la estabilidad era frenando lo que llamaban “inflación inercial”, es decir la anticipación de la inflación por parte de los agentes económicos. Sólo después podrían atacarse las causas estructurales.
Que para 1987 comenzaba a hacerse evidente que era necesaria una reforma económica estructural que resolviera la brecha entre recursos con que contaba el Estado y las funciones que desarrollaba. En julio de 1987 los ministros de Economía, Sourrouille y de Obras y Servicios Públicos, Terragno anunciaron conjuntamente un paquete de medidas para la reforma del sector público.
Que el gobierno de Alfonsín no pudo avanzar mucho en este plan de reforma del Estado, en parte por la oposición del peronismo en el Congreso, y en parte porque los partidos políticos populares de entonces, incluida la Unión Cívica Radical, se encontraban sumamente comprometidos con las ideas estatistas y nacionalistas que habían dominado la mayor parte del siglo XX. Finalmente estas reformas serán realizadas drásticamente durante el gobierno de Carlos Menem, utilizando según sus propias palabras, un método de “cirugía mayor sin anestesia”.
Que entre las transformaciones económicas estructurales diseñadas por el gobierno de Alfonsín, merece destacarse la iniciación de un proceso de integración económica con Brasil, Uruguay y Paraguay que dio origen al Mercosur. Esta iniciativa ha sido considerada como “el legado más perdurable de toda la política económica del gobierno de Alfonsín”.
Que en abril de 1988 Argentina entró en moratoria del pago de su deuda externa. En agosto la inflación alcanzaba el 27,6% mensual. En octubre entonces, el gobierno de Alfonsín puso en práctica un plan de salvataje, el Plan Primavera, cuyo objetivo primordial era llegar a las elecciones con la economía bajo un mínimo de control. Básicamente consistía en un acuerdo de moderación del aumento de precios con la Unión Industrial Argentina y la Cámara de Comercio y un nuevo régimen cambiario, en el que el Estado intermediaba en la compra y venta de divisas.
El Plan Primavera duró poco. Los operadores cambiarios lo rechazaron, no generó confianza y adicionalmente a comienzos de 1989, el Banco Mundial suspendió su ayuda a la Argentina. A finales de enero se inició una corrida masiva hacia el dólar. La hiperinflación de 1989, llevó la pobreza de 25% a comienzos de 1989, al record histórico de 47,3% en octubre del mismo año.
Que en las elecciones presidenciales del 14 de mayo, el candidato de la Unión Cívica Radical, Eduardo Angeloz, fue derrotado por Carlos Menem. Pero aún faltaban 7 meses para la fecha de entrega del mando que debían transcurrir en medio de la hiperinflación. Ante el riesgo de disolución del Estado y la eventualidad de un nuevo golpe militar, Alfonsín renunció el 9 de julio de 1989 para anticipar la entrega del mando a Carlos Menem, ya que por esos días una escalda de saqueos se dieron en todos los comercios y supermercados del país por parte de la población marginal. Fueron unos días de mucha tensión, violencia y robos descontrolados.
Que desde fines de 1982 y la elección de Franco Montoro como gobernador de San Pablo, Alfonsín percibía el renacimiento de un proceso democrático en Brasil. Para su asunción, Alfonsín invitó a Montoro, Ulisses Guimaraes, Helio Jaguaribe, Fernando Henrique Cardoso, y Fernando Gasparián. A mediados de la década, Alfonsín ordena a su canciller, Dante Caputo, de iniciar el proceso de integración subregional. Así, a principios de 1985 Alfonsín propuso al presidente electo del Brasil, Tancredo Neves, iniciar un proceso de integración económica entre Argentina y Brasil “para fortalecer la democracia, afrontar la deuda externa y posibilitar la modernización productiva” que fue recibida con agrado por el mandatario brasileño. Poco después Tancredo Neves falleció, pero su sucesor José Sarney adoptó con entusiasmo el proyecto de integración, y autorizó al embajador Francisco Thompson Flores una importante compra de trigo argentino en condiciones desventajosas, por razones puramente políticas. A partir de allí el proyecto de integración se desarrolló vertiginosamente: el 28 de julio de 1985, en una decisión sin antecedentes para su política exterior, Brasil aceptó la propuesta argentina y se incorporó al Grupo de Apoyo a Contadora, junto a Perú y Uruguay.
Que el 30 de noviembre de 1985 Alfonsín y Sarney suscribieron la Declaración de Foz de Iguazú, piedra basal del Mercosur.
Que el 6 de abril de 1988 se firmó el Acta de Alvorada, mediante el cual Uruguay se sumó al proceso de integración regional. El 29 de noviembre de 1988 se celebró el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo entre Argentina y Brasil. El Tratado fijó un plazo de 10 años para la remoción gradual de las asimetrías. Complementariamente, durante el gobierno de Alfonsín, Argentina y Brasil dieron forma a varios protocolos de integración, para sectores específicos, implementados por su secretario de Industria y Comercio Exterior, Roberto Lavagna, posterior ministro de Economía de los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.
Que el proceso se completaría el 26 de marzo de 1991, ya durante las presidencias de Fernando Collor de Mello y Carlos Menem, con la firma del Tratado de Asunción en el que se constituye el Mercosur. Algunos analistas consideran que el proceso de integración de Argentina con Brasil, Uruguay y Paraguay que puso en marcha Alfonsín es uno de los puntos más altos y trascendentes de su obra de gobierno.
Que para Alfonsín garantizar la paz con Chile fue una cuestión prioritaria desde el momento de asumir: Ni bien comenzó el gobierno radical, el 10 de diciembre de 1983 dio precisas instrucciones para que se avanzara en la búsqueda de una solución para el diferendo austral.
Que en 1978 la Reina de Inglaterra dio a conocer el Laudo Arbitral de 1977 que le había sido entregado para su conocimiento y publicación por una Corte Arbitral de cinco jueces nombrados en 1971 de común acuerdo entre los presidentes Allende y Lanusse. La sentencia, determinó que las islas en disputa pertenecían a Chile. El gobierno militar argentino declaró la nulidad del Laudo y posteriormente inició la Operación Soberanía para ocupar las islas. A partir de entonces el Vaticano se mantuvo como mediador intentando llevar a las partes a un acuerdo que no contradijera el Laudo de la Corona Británica.
Que en 1983 el Su Santidad el Papa presentó una segunda propuesta de solución. Alfonsín estimó necesario entonces cerrar el conflicto aceptando la propuesta del Vaticano. Como primera medida, Alfonsín firmó en el Vaticano el 23 de enero de 1984 una Declaración Conjunta de Paz y Amistad en la que los dos países se comprometían a alcanzar una solución “justa y honorable” para el conflicto, “siempre y exclusivamente por medios pacíficos”. Pero el gobierno alfonsinista evaluó que el momento más crítico iba a presentarse cuando la propuesta vaticana fuera conocida, y los sectores nacionalistas comenzaran a cuestionarla subrayando las pérdidas de soberanía frente a su reclamo máximo.
Que ello llevó a Alfonsín a tratar de crear un fuerte consenso interno que le permitiera aprobar la propuesta del Vaticano y al mismo tiempo evitar el fortalecimiento de los militares golpistas en ambos países. Existía el peligro cierto de que la mayoría peronista en el Senado, presionada por la exigencia de defender la soberanía, rechazara la propuesta del Papa Juan Pablo II. Alfonsín incluyó en el Acta de Coincidencias entre los partidos políticos que se firmó el 7 de junio de 1984 un punto estableciendo que debía aceptarse la propuesta que hiciera el Vaticano. El Acta fue firmada por 16 partidos políticos, incluido el peronismo, siendo rechazada por 4. Pero fundamentalmente Alfonsín buscó generar un sólido consenso interno mediante una consulta popular no vinculante, pero que presionara a los Senadores. Si bien los principales líderes del peronismo estaban a favor de aceptar la propuesta papal, la oposición a la misma había crecido y sumaba a varios Senadores peronistas, radicales, nacionalistas y socialistas.
Que en esas condiciones se produjo el famoso debate televisivo entre Dante Caputo y Vicente Saadi que tuvo un impacto decisivo para el triunfo del “SI” a la propuesta papal. El 25 de noviembre de 1984 se realizó el plesbicito y triunfó el “SI” con un apoyo del 81,32%. Cuatro días después, el 29 de noviembre de 1984 se firmó el Tratado de Paz y Amistad con Chile.
Que los días 21 y 22 de junio de 1984 los cancilleres y ministros de Economía de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela se reunieron en la ciudad colombiana de Cartagena para formar el Grupo de Cartagena. Con un espíritu similar al que inspiraba el Grupo de Cartagena, el gobierno de Alfonsín impulsó una acción multilateral conjunta de las democracias latinoamericanas para garantizar la paz y la democracia en la región. Con ese objetivo el gobierno argentino impulsó el apoyo al Grupo Contadora, una iniciativa de acción conjunta para promover la paz en Centroamérica que habían establecido Colombia, México, Panamá y Venezuela en 1983.
Que con ese fin, el 29 de julio de 1985, en Lima, aprovechando el encuentro de presidentes para asistir a la asunción del presidente Alan García, Argentina, Brasil, Perú y Uruguay anunciaron juntos la creación del Grupo de Apoyo a Contadora (o Grupo de Lima). Ambos grupos de países juntos fueron conocidos como el Grupo de los Ocho, y desempeñó un papel muy importante en la pacificación de América Central. Particularmente importante fue su actuación cuando los países centroamericanos adhirieron a las propuestas del Grupo de los Ocho, el 14 de enero de 1986 mediante la Declaración de Guatemala. Más adelante del Grupo de los Ocho amplió sus preocupaciones a otros problemas de interés regional, abordando la situación de las islas Malvinas (exhortando a la negociación entre Argentina y Gran Bretaña), la deuda externa y el proteccionismo de los países desarrollados. A partir de 1990 el Grupo Contadora adoptó el nombre de Grupo de Río.
Que el gobierno de Alfonsín instrumentó un Plan Nacional de Alfabetización (PNA) diseñado por la profesora Nélida Baigorria. Al asumir el gobierno los datos del censo de 1980 indicaban un analfabetismo de 6,1%. En el censo de 1991 el analfabetismo se había reducido a 3,7%, porcentaje similar al que registran España y Canadá. En 1988, el PNA de Argentina recibió el premio otorgado por la Asociación Internaci
INFORMACION ADICIONAL
- Expediente: Expediente Nº 4424-C-08
- Derogada: NO
- Vetada: NO